URJC Vicálvaro - Edif. Departamental - (Aula E) 264 25 Sep 2018 Grupo de Trabajo
Multisesión (Track 4) 17:30 - 19:30

GRUPO DE TRABAJO/PANEL: Así como lo marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, sin paz, derechos humanos y gobernabilidad efectiva no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Ciertos países iberoamericanos han atravesado por crisis de seguridad y de confianza en las instituciones públicas generando con esto ambientes inseguros, violentos y cada vez más, alejados de lo que el mismo objetivo describe en el título: Paz. La seguridad humana y la procuración de justica deben ser conceptos integrados en las acciones de gobierno y en el diseño de políticas públicas en la materia. No podemos lograr instituciones sólidas sin una procuración de justicia eficaz, así como no podemos lograr sociedades con Paz sin seguridad humana. Ambos conceptos buscan los mismos objetivos planteados en el ODS16: reducir las formas de violencia, trabajar en conjunto con los gobiernos y comunidades para encontrar soluciones permanentes en los conflictos y violencia. El presente grupo de trabajo pretende generar debate y compartir experiencias internacionales sobre aquellos mecanismos que generen ambos conceptos. De igual manera pretende abrir un espacio de colaboración entre los tomadores de decisión y expertos en el tema.

Financiamiento y resultados del gasto en Fuerzas Armadas en México 2013 – 2018. Una propuesta de evaluación de la política pública en el sector defensa.
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Debido a la creciente intervención del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea y de la Marina Armada en labores de seguridad pública en México, algunos especialistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil han hecho público algunas estimaciones sobre el incremento del gasto público destinado a las fuerzas armadas, sin que los resultados planteados hayan sido alcanzados. Sino que de forma contraria, se ha registrado un nivel mayor de violencia e inseguridad pública, que hace pensar que el gasto público en este sector no se traduce necesariamente en resultados efectivos y eficientes. Ante tal estado de las cosas, es preciso que se realice una evaluación sobre el gasto público en fuerzas armadas en México, para poder determinar por qué es que se ha incrementado el presupuesto destinado a este sector, y además de ello, identificar las características específicas de la evolución del mismo. Este asunto público en México ha cobrado mayor relevancia sobre todo por la urgencia del poder ejecutivo de solicitar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en diciembre del año 2017, y por los niveles crecientes de violencia en el país. Sin embargo, a pesar de la necesidad de tener evaluaciones serias sobre el gasto público en fuerzas armadas, no existen en México estudios o trabajos que se hayan encargado de evaluar el gasto público en el sector defensa. Este trabajo pretende recabar la información derivada de la Cuenta Pública de Hacienda que se entrega a la Cámara de Diputados para que se pueda evaluar el gasto público ejercido, y con ello concentrarse en la evolución del gasto público en fuerzas armadas entre los años 1995 y 2016, correspondientes a los periodos de gobierno entre el sexenio Ernestro Zedillo Ponce de León y el actual presidente Enrique Peña Nieto. El periodo seleccionado atiende a la idea de que el incremento en el gasto en el sector defensa no comienza con la llamada “guerra contra el narcotráfico” del periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, sino que es una tendencia que, algunos especialistas en la materia e investigadores académicos, han observado desde los años noventa en México.
Imperativos éticos de los gobiernos en Latinoamérica, para el acceso a la justicia
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Es un paper que aproxima una caracterización de la administración de justicia en Latino América, con una expresión de matices destacables como la politización de la justicia o su instrumentalización para la persecución política, práctica que se instaura en algunos países de la región y que vislumbra una severa lesión de derechos politicos fundamentalmente. Identifica asuntos éticos preliminares: la aplicación practica de las reglas democráticas como factor fundamental para el mantenimiento de un Estado democrático, la vigencia del Estado de Derecho, el imperio de la ley sobre gobernados y gogernantes, la Independencia de Poderes, como garantia de una justicia proba e imparcial y la lucha contra la corrupción, como mecanismos para remover las barreras existentes para el acceso a la justicia y que deben ser examinados y asumidos por los gobiernos en Latino América. Se instala un balance de los esfuerzos por generar alternativas de políticas publicas para generar opciones de mayor acceso a la justicia y las formas de acceso a la justicia y participación ciudadana, siendo hoy únicamente imperativos pendientes de los gobiernos. Tributara al análisis, el abordaje de estándares previos y remoción de obstáculos en la administración de los gobiernos, como condiciones para posibilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía en Latino América. El desenlace versa en imperativos éticos que hallan su vitalidad en el rescate de la ética pública, los gobiernos deben rescatar y volver a las cimientes de la constitución del Estado, también tienen el desafío de rescatar el valor de lo público, dejando claro que es imprescindible construir una nueva cultura de lo publico, como sinónimo de servicio y el protagonismo del ciudadano como beneficiario/usuario final de los servicios de justicia, el cual debe salir de su calidad tipificada como "Ciudadanía de baja intensidad", para convertirse en el artifice de la gestion de las politicas publicas,
Criminal compliance, nuevo esquema en materia de prevención del delito para personas jurídicas
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En la legislación penal, la responsabilidad de las personas morales, deriva de un sistema de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas, las medidas de seguridad, las consecuencias jurídicas accesorias de las personas morales, las principales (directas), y la declaración de responsabilidad penal. En efecto, el criminal compliance programs, emerge de la necesidad de prevención de la autoresponsabilidad-empresarial, es decir, cuando un injusto penal, es cometido por un ente colectivo. Actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se contempla un modelo vicarial, en donde dicho injusto puede trasladarse hacia una persona física (socio o empleado de la empresa) y al ente jurídico. Coligado a que en la ley sustantiva de la materia se establece un catálogo de los delitos que pueden ser cometidos por el ente moral. Ante ello, el derecho penal moderno cuenta con dos fines imprescindibles la prevención del delito y la maximización de garantías y derechos; los cuales permiten, en todo momento la protección de los bienes jurídicos como un interés social, indispensable para la vida en comunidad mediante el derecho penal. Para que exista responsabilidad penal de la persona jurídica debe de existir un delito y la Institución Ministerial deberá acreditar un injusto culpable, en el cual se acredite fehacientemente que no hubo control del riesgo organizacionalpor parte del ente moral, lo cual se encuentra fundamentado en el numeral 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ende, una cuestión preventiva para que no coexista dicha disposición plasmada por el legislador, es el Programa de Cumplimiento Criminal,blindaje con el cual debe contar dicha empresa moral, el cual permite excluir o reducir la responsabilidad penal, o estar en posibilidad de implementar una defensa legal, mucho más estructurada en el evento de que tuviera que enfrentar algún proceso de carácter penal. En tales condiciones, podemos aseverar, que el programa de cumplimiento, es un sistema organizativo que incluye principios, líneas, directrices, reglas, procedimientos e instrumentos orientados a asegurar el cumplimiento de la legalidad en el desarrollo de las actividades de una organización. Es decir,como sistema empresarial, que se centra en tratar de garantizar la observancia de la normativa jurídico-penal, el cual debe ser realizado por un abogado especializado en materia penal, (denominado oficial de cumplimiento) para impedir que la empresa jurídica y/o empleados cometan conductas relevantes para el derecho penal,para salvaguardar el patrimonio y el prestigio empresarial. Produciendo con ello, diversos beneficios para la empresa moral,generando mayor confianza en el mercado competitivo, una repercusión positiva ante la bolsa de valores, la posibilidad de brindar una gran apertura de créditos bancarios, la ampliación de alianzas a escala nacional e internacional y lo más importante es que la empresa muestra su lealtad al ordenamiento jurídico y responsabilidad social.
La resolución extrajudicial de conflictos como política pública
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La mayor parte de los gobiernos estatales vienen adoptando decisiones relativas a la utilización de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos (ADR) como el arbitraje, la negociación y la mediación o conciliación. Las siglas ADR proceden de la expresión anglosajona “alternative dispute resolution”, que comprende una variedad de mecanismos de resolución de disputas que evitan, o emergen como alternativa a, un proceso judicial completo. Se trata de mecanismos que se desarrollaron inicialmente en países de derecho anglosajón, de ahí que la distinción que más ha atraído la atención de los estudiosos internacionales sea la dicotomía entre los sistemas de derecho anglosajón y los sistemas de derecho civil. En el ámbito doméstico, su incorporación al ordenamiento jurídico estatal suscita el interés creciente de académicos juristas. La incorporación de los mecanismos ADR al ordenamiento jurídico interno reclama, además, un abordaje politológico. Su regulación genera nuevos espacios domésticos de intervención pública que redibujan la línea entre lo público y lo privado. La demarcación entre lo público y lo privado constituye una decisión política de gran calado social que no puede hurtarse a la reflexión académica sobre el gobierno y la administración pública. La paulatina implantación de estos mecanismos puede suponer un trasvase de asuntos desde el sistema judicial (público) al ámbito privado dominado por operadores de mediación. El Análisis de Políticas Públicas emerge como una tentativa de razonamiento sobre la acción pública peculiar e idiosincrática que puede arrojar luz sobre el impacto de estas transformaciones tanto en las mismas políticas de justicia como en otros ámbitos sectoriales. El objeto de la propuesta es conceptualizar los mecanismos ADR desde la óptica del Análisis de Políticas Públicas de manera que no sólo permita conocer nuevas áreas de intervención pública sino también emprender estudios comparados. La comparación requiere conceptualización, la construcción de conceptos que puedan aplicarse a realidades diferentes. Para comprender nuevas áreas de intervención pública, éstas deben ser analizadas en términos de programas: un conjunto de recursos legales, económicos y humanos movilizados por las administraciones públicas, y convertidos en productos para conseguir propósitos políticos más o menos identificados. La introducción en cualquier país del mundo de sistemas de mediación obedece al cumplimiento de objetivos y metas de políticas públicas. También se pretende identificar los modelos y experiencias de ADR a partir de los cuales los países iberoamericanos diseñan sus respectivas políticas domésticas. Finalmente, se pretende aplicar el esquema conceptual construido al caso español. Desde 2012 el gobierno de España ha adoptado un conjunto de decisiones relativas al uso de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos que responden tanto a presiones supranacionales (la UE insta a la uniformidad de las políticas domésticas de ADR) como nacionales (la insatisfacción con el rendimiento del sistema judicial español; la presión de profesionales del derecho afectados por la crisis económica de 2008).
Litigiosidad laboral en la Argentina: ¿Causa o consecuencia?
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La ley 24.557 que regula los Riesgos del Trabajo en la República Argentina, sus modificatorias y decretos reglamentarios es uno de los instrumentos legales que más ataques de inconstitucionalidad a tenido a lo largo de la historia. La proliferación de litigios individuales en materia laboral en la República Argentina de los últimos años da cuenta de ello. Un informe elaborado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, establece que los juicios por accidentes laborales o enfermedades profesionales padecidos por trabajadores cubiertos por el sistema (se excluye al sector informal de la economía!) crecieron un 96,1% entre 2010 y 2015. Paradójicamente, según este informe el aumento de litigiosidad no se traduce en un aumento de la siniestralidad, aspecto con el cual gran parte de la doctrina no está de acuerdo. La cifra es realmente alarmante, si se piensa que no son considerados en dicho informe los innumerables siniestros que son ocultados por las empresas a fin de no ver incrementadas sus alícuotas en razón de su "elevada siniestralidad" (Schick, 2017). A fin de reducir lo que se ha dado a llamar la "industria del juicio", el 15 de febrero del año en curso, se sancionó en sesión extraordinaria la ley 27.348 complementaria de la ya, de por sí conflictiva, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias. Por la reciente ley se introduce, entre otras cosas, el paso por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como una instancia administrativa previa de carácter obligatorio para determinar el carácter profesional de las enfermedad y el grado de incapacidad, a los fines de calcular cuáles son las prestaciones dinerarias correspondientes al damnificado. Con esta modificación se da un revés a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Obregón" (17/04/12), en donde se entendió que este órgano administrativo con funciones jurisdiccionales no era inconstitucional en tanto y en cuanto no constituyesen una instancia obligatoria, sino opcional del damnificado, pudiendo este obtener la determinación de su incapacidad en sede judicial, sin necesidad de pasar por estas comisiones. Otro dato de interés es que la nueva ley desfederaliza la materia de Riesgos del Trabajo al establecer que los dictámenes de las precitadas Comisiones Médicas podrían recurrirse ante la justicia ordinaria provincial, acogiéndose la opinión de la Corte en el caso "Castillo" (7/09/04) donde se sostuvo la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1° de la Ley N° 24.557 que disponía la competencia federal. Lamentablemente, este avance que podría haber importado una consagración normativa de la plausible solución jurisprudencial, quedó a mitad de camino. Ello pues a que será competente, conforme al articulado, el juez del domicilio de la comisión médica que intervino, lo que lleva a que la denominada "industria del juicio" lejos de "cerrar su puertas" se "instale" en las grandes urbes, perjudicándose así a los destinatarios de la tutela que deberán recorrer largos kilómetros para procurar hacer efectivos sus derechos. Este es, en prieta síntesis, el cuadro de situación con que se vincula el presente trabajo de investigación.
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Conferencistas
Focorej AC
Presidente
The Firm
Socio Fundador
Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos
Universidad Nacional del Litoral , Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Santa Fe, Argentina
Abogada. Centibecaria del Programa de Iniciación a la Investigación. FCJS. UNL. Santa Fe, Argentina
Mesa de Seguridad Humana y Procuración de Justicia en el marco del ODS 2030.
ABOGADO
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Moderadores
The Firm
Socio Fundador
Fundación Pensamiento Libre A.C.
Directora de la Revista Pensamiento Libre y Presidenta de la Fundación

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