Take a Survey URJC Vicálvaro - Edif. Departamental - (Aula E) 264 26 Sep 2018 Grupo de Trabajo
Multisesión (Track 5) 09:00 - 12:00

GRUPO DE TRABAJO/PANEL: Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la Igualdad de Género se encuentra en el número cinco como tema prioritario. La Organización de Naciones Unidas plantea poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, no sólo como derecho básico sino como acción crucial para determinar el desarrollo sostenible. Así mismo, toma como preocupación primordial la violencia y explotación sexual, la división desigual de trabajo no remunerado- tanto doméstico como en el cuidado de otras personas y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público. La perspectiva de género cada vez cobra mayor fuerza, tiene mayor influencia en gobierno y esta transformando ciertas formas y relaciones de poder tanto al interior de las organizaciones como en el diseño de políticas públicas y los mensajes y significados que envía a la sociedad. ¿Qué resultados se han logrado? ¿Cuál es el camino para el logro de ODS2030? El propósito de este grupo de trabajo es compartir experiencias de políticas públicas internacionales en materia de igualdad, diversidad e inclusión de género, así como presentar mecanismos innovadores de diseño, implementación y evaluación en la materia que generen resultados eficaces y eficientes en relación con los objetivos planteados de Desarrollo Sostenible 2030.

La igualdad de género como signo de progreso jurídico
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La igualdad de género es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible siendo uno de sus instrumentos el de carácter jurídico. Y es que a través del pensamiento legal la dominación de lo masculino se realiza para que parezca un rasgo de la vida, no una construcción impuesta por la fuerza, y para que se beneficie unilateralmente el grupo dominante. Desde una perspectiva masculina, el Derecho combina la coerción con la autoridad, extendiéndose el poder social del hombre sobre la mujer como parte de la comunidad, ignorantes del interés de supervivencia de las mujeres en la materia. Esto incide en la necesidad de una concepción dúctil de la igualdad formal, concepción que fuerza a que la discusión sobre la igualdad, en conexión con la perspectiva de la justificación moral, deba seguir unos criterios guía presentados como condiciones previas de la distribución que se efectúe. A ello hay que sumar la necesidad de considerar la posible presencia de diferentes clases de desigualdad y de diferentes criterios de distribución, en atención al contexto sobre el que se dirige el examen de la igualdad por la complejidad de su idea, lo que favorece la justificación de la diversidad a la hora de tomar las medidas pertinentes sin dejar de tener en cuenta la aceptación de la medida y de sus criterios por los sujetos afectados. Pues bien, para poder llegar a superar los obstáculos habidos una solución plausible es la que diseña V. Camps en su libro sobre Virtudes públicas al mantener que “adherirse al discurso de la diferencia no debería significar dejar de proclamar la igualdad de derechos; y adherirse al discurso de la igualdad, no debería implicar una propuesta de simple imitación y repetición de lo masculino”. Desde esta visión, “empeñarse en imitar los papeles masculinos quizá no sea la mejor opción”, y la propuesta se argumenta en base a que la nueva andadura del feminismo debería ser más creativa. En definitiva, urge examinar en profundidad el Derecho que sirve de marco para poner en marcha las políticas públicas a favor de la mujer. Así, con la llegada de los Estados sociales, se han perdido las notas de la generalidad y la abstracción de las leyes consustanciales a la igualdad formal, apareciendo las leyes-medida y un escalonado proceso de delegación y fragmentación que ha conducido a la creación de normas confusas y especializadas con un alto tecnicismo. En efecto, las diversas formas de incidencia legislativa sobre la economía y el trabajo, ligadas a la creciente burocratización, han hecho que la ley haya pasado a ser un instrumento resolutorio de problemas coyunturales que intenta satisfacer necesidades inmediatas. Ya no se ve como resultado de la razón, se ve como resultado del equilibrio de intereses, desconfiándose del legislador, del poder ejecutivo y de la Administración pública.
La perspectiva de género en las universidades. La problemática de la violencia de género
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A la hora de analizar los niveles de avance en materia de equidad de género, es fundamental revisar lo realizado en las universidades, tanto públicas como privadas. En los últimos años, han proliferado las acusaciones de acoso sexual en las instituciones de educación superior, y la manera en que éstas han respondido ha sido muy variada: desde el silenciamiento hasta acciones más proactivas que pretender atender la problemática. En muchas ocasiones, la transversalización de la perspectiva de género se ha encontrado con obstáculos que impiden su implementación, obstáculos que tienen que ver con la resistencia a aceptar la necesidad de estos cambios. Es por ello que se plantea analizar la manera en que han avanzado las universidades públicas y privadas en México en materia de atención a la discriminación por género. ¿Se está logrando transversalizar la perspectiva de género en las universidades? La pregunta pretende ahondar en algunos aspectos que son necesarios para entender el grado de avance de los Objetivos del Milenio. Para ello, nos centraremos en el tema de los protocolos para la atención en casos de violencia de género y en las políticas generales que se hayan tomado en materia de igualdad. El supuesto con el que se trabajará es el de los obstáculos encontrados para poner en marcha estos protocolos, obstáculos que tienen que ver con la pervivencia de un sistema patriarcal, que ha llegado a reconocer en el discurso la necesidad de lograr una sociedad más paritaria, pero que sigue manteniendo muchas de las estructuras de dominación.
Las políticas públicas y la brecha de género en conocimiento político
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Las políticas públicas de género junto con el Estado de bienestar redefinen las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Esta intervención del Estado se ha materializado en una corrección de la brecha de género en conocimiento político? En esta ponencia se pretenden analizar los efectos del papel de las políticas públicas en la brecha de género circunscrita a esta área concreta. El estudio de las encuestas de opinión sobre la actualidad política del CIS de 1998 a 2016 permite reunir los datos empíricos sobre el mayor o menor conocimiento de la política según género. Los datos recogidos aportarán una visión dinámica del problema y de las políticas públicas desde finales de los noventa hasta la actualidad. La hipótesis de partida es que se produce una tendencia convergente en conocimiento político entre hombres y mujeres favorecido por el papel asumido por el Estado a través de las políticas públicas implementadas. Se considera que las políticas públicas inciden positivamente en la igualdad de género y, por tanto, que el Estado puede desempeñar un papel activo en la construcción de sociedades igualitarias. La adopción de las teorías de género ofrece la posibilidad de identificar si las políticas públicas adoptadas en España a lo largo de estos años se erigen como factores explicativos. Se parte de la premisa de la teoría de desarrollo de realineación de género de Inglehart y Norris, según la cual el Estado puede favorecer la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres dentro del proceso de modernización de un país. En la primera parte, se analiza la evolución de la brecha de género en correlación a las variables nivel de formación y estatus socioeconómico. En la segunda parte, se aborda el estudio de las políticas públicas y el desarrollo del Estado de Bienestar. Se persigue conocer el alcance de las políticas públicas como herramientas para la eliminación de la discriminación de género.
As observações das ações e políticas implentadas no Pará no enfrentamento à violencia doméstica: o Pro Paz Mulher.
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O objetivo do artigo é apresentar uma discussão sobre o Programa Pro Paz Integrado Mulher, o modelo de política pública implementado em 2014 no Estado do Pará que visa oferecer atendimento integral (policial, jurídico, psicosocial e percial) às mulheres em situação de violencia doméstica conforme determina a Lei Maria da Penha (11.340/2006). O combate à violencia doméstica e familiar por parte do poder público ganhou uma nova dimensão no Brasil com a Lei Maria da Penha, podemos citar: a punição mais rigorosa para os agressores, a conceituação dos diferentes tipos de violencia de gênero e a criação de serviços especializados para atender as mulheres em situação de violencia. No entanto, as taxas de homicidios de mulheres tanto no Brasil quanto no Pará ainda permanecem alarmantes. Para tal, analisa-se a incorporação da perspectiva de gênero na formulação das políticas públicas no Brasil, em especial no contexto da região amazônica. Avalia-se as ações institucionais e a gestão do Pro Paz Integrado Mulher com sede na capital Belém, bem como a articulação do Pro Paz Integrado com os outros Serviços da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica. A metodologia utilizada é descritiva e exploratorio tendo como base a teoria sistemica de Nicklas Luhmann, desenvolve-se por meio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Aplica-se as entrevista semi-estruturadas com os gestores e colaboradores do Pro Paz Mulher, utilizando roteiro específico. Como resultado, é possível identificar entraves na aplicação das políticas públicas de enfrentamento à violencia doméstica como falhas na articulação do Pro Paz Mulher e os demais serviços que compõem a Rede de Enfrentamento à Violencia Doméstica na cidade de Belém. Considera-se relevante o artigo na medida que visa compartilhar a experiencia desenvolvida na cidade de Belém do Pará em políticas públicas e gênero e no avanço das discussões sobre as melhoria da gestão e do desenvolvimento sustentável desta política pública de combate à violencia doméstica.
Discriminación laboral en México: un permiso milenario. Propuestas para la igualdad desde el empoderamiento económico local.
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La inserción laboral de la mujer es una realidad que trasciende en la vida económica nacional. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (IIEc), en 1970 la participación femenina en la economía familiar era de 17%, en 2010 aumentó a 39%. Ante las recurrentes crisis que se han presentado en el país a partir de los 80, la mujer incrementó su participación en los sectores productivos ante la necesidad de sumar un ingreso más en la familia y la disminución del poder adquisitivo salarial. Así la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, muestra que en el cuarto bimestre de 2012, 18.43 millones de mujeres formaban parte de la población ocupada, es decir 45% de las mayores de 14 años, pero simultáneamente 91.9% combinaba su trabajo con los quehaceres domésticos. La misma Encuesta demuestra que cuatro de cada 10 hogares en México tienen jefatura femenina acreditando con ello que existe una modificación de patrones culturales y educativos respecto de la generación anterior. A pesar de lo anterior, la mujer tiene que luchar en contra de roles y estereotipos de género que la obligan a desarrollar una doble jornada laboral y a ser encuadrada en la prestación de servicios y la realización de actividades propias de su “feminidad” como son: cultora de belleza, educadora, vendedora o enfermera. Sin considerar la necesidad de superar, vía la educación, parámetros ocupacionales que están en función del contexto cultural y social imperante en México. Como consecuencia se tienen que superar barreras como el “techo de cristal” que en la esfera directiva limita el ascenso de las mujeres, argumentando que su condición de madres no les permite desarrollar jornadas extraordinarias o desplazarse fuera del ámbito familiar. Así en las grandes empresas, de cada 10 directores generales, ocho son hombres. Las mujeres pueden tener las mismas responsabilidades y cargos similares pero ganan menos o bien, se les impide competir por puestos más altos según por que no tienen la disponibilidad de tiempo. A esto hay que agregar el ACOSO SEXUAL por parte de compañeros y superiores. En este contexto, de acuerdo al Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana de Puebla en un estudio publicado el año pasado, después de la crisis de 2008, la brecha salarial por GÉNERO, pasó del 17% hasta el 30%. Con esta diferencia, en algunos sectores, sobre todo el de servicios financieros, se despidió a personal masculino y se contrató a mujeres con un salario entre 25% y 30% menor para HACER EL DOBLE DE TAREAS. Esta actitud DISCRIMINATORIA se acentúa en el sector comercio, seguido por las mujeres que están en áreas industriales y las que llegan a posiciones directivas. La diferencia es tal que las mujeres que laboran en el sector comercio tendrían que recibir un incremento de 52% para ganar igual que los hombres. Mientras que las que laboran como funcionarias y directivas tendrían que recibir un aumento de 25% de acuerdo al INEGI.
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Conferencistas
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Directora de la División de Estudios Sociales
Hermas, Valores y Negocios SC
Directora General
University of Alcalá
Professor
DESARROLLO Y GESTIÓN LOCAL
Consultor de proyectos
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Moderadores
University of Edinburgh (Politics and IR)
Investigadora pos doctoral

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